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CSIF vuelve a reiterar el compromiso de los funcionarios de Justicia con el Registro Civil

Ver el archivo adjunto 1606

para la digitalización y tramitación de los expedientes de nacionalidad por importe de más de un millón y medio de euros. Para CSIF resulta, especialmente revelador, que en la exposición de motivos el Ministerio de Justicia reconozca, casi lamenta, que el incremento de solicitudes de concesión de nacionalidad, debido a una decisión política de regularización de extranjeros llevada a cabo por los sucesivos gobiernos, no ha ido acompañada de los medios y recursos adecuados para dar respuesta a las expectativas de los solicitantes.

No será porque CSIF no lo advirtió. Una vez más la demagogia política nos deja con decisiones que afectan al funcionamiento de servicios públicos y que dejan vendidos a los funcionarios a los que no se les da los instrumentos necesarios (personal y medios materiales) para atender las consecuencias de esa decisión.

El resultado de esta falta de previsión es el colapso, la demonización de los servicios públicos, los intentos de privatización y las “ideas felices” que abogan por echar por la borda la experiencia y el conocimiento del personal especializado, que no da abasto con el incremento de la carga de trabajo. El gran perjudicado es el ciudadano, pero también el empleado público que se ve en la picota y que, encima, ve perder su reconocimiento laboral en forma de pérdida de competencias.

En su momento CSIF propuso y sigue proponiendo como solución aprovechar el capital humano especializado existente en los Registros civiles, descentralizando la gestión de los expedientes y facilitando el acceso al registro de los solicitantes de nacionalidad. El problema de la tramitación de estos expedientes son los cuellos de botella que se suceden en la solución de las diferentes fases del trámite y que culminan en la DGRN y en el Registro civil central.

El Ministerio de Justicia, que primero pensaba en la privatización del Registro civil y, ahora, no se sabe muy bien en qué piensa, cuando se está consumiendo la tercera prórroga de la “vacatio legis” de la Ley 20/2011, despreció el valor del capital humano de sus propios empleados públicos y decidió firmar sucesivas encomiendas de gestión a los Registradores de la propiedad en la que se han invertido cerca de 10 millones de euros en los siete años de funcionamiento.

CSIF sigue apostando por un Registro civil único, informatizado, moderno en su organización desjudicializado y servido por funcionarios de Justicia


Para CSIF es inaceptable que se privatice o se cambie la gestión de un servicio público al que nunca se le ha dado la oportunidad de demostrar su verdadero potencial. Es más, como ya hemos dicho en más de una ocasión, con algunas excepciones muy concretas y debidas a esa falta de medios, el Registro civil es uno de los servicios públicos mejor valorados, gracias sin duda la dedicación y profesionalidad del personal allí destinado. Es un verdadero disparate y un insulto a la profesionalidad y experiencia de miles de empleados públicos que se justifique su privatización o que se arrebate la competencia a funcionarios especializados que llevan, en muchos casos, varias decenas de años trabajando en materias relacionadas con el estado civil de las personas: nacimientos y defunciones, bodas, tutelas y, también, adquisición de la nacionalidad.

Los plazos corren y si cualquier gobierno piensa que el tiempo apaciguará los ánimos del personal de Justicia se está muy equivocando. El nuevo equipo que se conformen al frente del Ministerio de Justicia debe dar pasos concretos en la definición del nuevo modelo de Registro civil sobre la base de la propuesta de CSIF de que se mantenga en la Administración de Justicia.




Fuente: Sindicato CSIF
 
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